Pactos y negociaciones secretas a espaldas de la “soberanía popular”

 

Un régimen sin salida pacta a espaldas de la “soberanía popular”

El largo proceso electoral incapaz de resolver la crisis del parlamentarismo español

Foto: EFE

El escenario político nacional está dominado por la incapacidad del PSOE, el partido más votado en las elecciones generales con 123 escaños, por formar gobierno al no alcanzar la mayoría necesaria. Pero esta incapacidad se ha expresado también en los ayuntamientos y en las regiones autónomas, dando paso a negociaciones de último momento de un lado entre las fuerzas de la izquierda y del otro entre las de la derecha. De tal suerte que los resultados del largo proceso electoral que culminó el 26M, lejos de cerrar la “grieta” que comenzó con el voto de censura al gobierno del PP, la han profundizado. Una nueva convocatoria a elecciones generales, y en alguna comunidad autónoma, es una realidad cercana si persiste el bloqueo por derecha y por izquierda. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha decidido convocar el pleno para su investidura el 22 de julio, con una primera votación el 23 y la segunda el 25, rechazando la formación de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Si fracasa, se convocarían nuevas elecciones para el 10 de noviembre. Mientras tanto la formación de gobiernos locales y municipales pone de manifiesto como el voto de los ciudadanos es una mercancía para el cambalache entre los partidos burgueses.

El atolladero en el que se encuentra el PSOE es especialmente significativo. Se ha desgañitado haciendo llamamientos a C’s para que negocie una acuerdo de investidura sin resultado. La “formación naranja” prefiere reclinarse hacia la derecha reproduciendo los pactos que llevaron al Partido Popular a presidir el gobierno andaluz con el apoyo de C’s y Vox. Mientras tanto Podemos le ofrece su apoyo al precio de una coalición de Gobierno, precio que el presidente en funciones Pedro Sánchez no está dispuesto a pagar. Sin embargo, los 42 escaños de Unidas Podemos no dan para formar gobierno y Sánchez se puede ver forzado a solicitar el voto del nacionalismo catalán con un pacto de investidura, una opción que no parece fácil de materializar. En las últimas horas sin embargo, Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de los payeses y los botiguers, parece haber ablandando su posiciones en la medida que se aparta del radicalismo verbal de Junts x Catalunya.

Lo cierto es que las crisis recorren todo el espectro político, por la derecha con el descalabro de Ciudadanos: a la renuncia de Valls y sus declaraciones explosivas, le han seguido las de su portavoz económico Toni Roldán y del eurodiputado Javier Nart, lo que ha puesto a la formación naranja al borde de un cisma. Los sondeos indican que, ante una nueva elección, perdería votantes a manos del PP. En el caso de VOX, la formación de ultraderecha ha denunciado el incumplimiento de los acuerdos secretos pactados con el PP en el Ayuntamiento de Madrid a espaldas de C’s, y amenaza con patear el tablero y retirarse de la alianza dejando en el aire el acuerdo para la Comunidad de Madrid. Las encuestas de opinión indican que VOX también habría llegado a su techo electoral, y si se realizaran nuevas elecciones perdería parte de sus votantes.

Por la izquierda, Unidas Podemos se encuentra bajo mínimos a partir de la crisis que provocaron los malos resultados electorales y la consiguiente seguidilla de renuncias y pedidos de que “rueden cabezas”; la única salida que contempla esa formación es entrar en un gobierno del PSOE de cualquier manera y a cualquier precio.

De esta forma, los dos partidos que iban a “renovar la política”, Ciudadanos, que pretendía desalojar al PP y luego liderar el frente derechista y Podemos, que pretendía hacer lo mismo con el PSOE y ahora se encuentra mendigando algún puesto en un futuro gobierno de coalición con el partido que venía a reemplazar, han terminado rápidamente aplastados por las tensiones de la crisis del régimen. La figura ausente en las noticias y en los análisis políticos, pero que cumple una función de primer orden en esta crisis de régimen, es el rey Felipe VI que como jefe del estado y de los ejércitos, arbitra las posibles salidas a la crisis y supervisa su desarrollo como lo demostró el “proceso” en Cataluña. En este marco el PSOE especula con la posibilidad de que, en una nueva convocatoria electoral, podría aumentar sus votos según ciertas encuestas, pero esta opción no ahuyenta las dudas puesto que podrían tener un efecto “bumerán”, es decir desatar un repudio, una gran abstención, frente a su incapacidad de dar una salida.

Todo este rifirrafe de negociaciones ha desnudado aún más la naturaleza antidemocrática de la monarquía parlamentaria instaurada por la constitución del 78, poniendo de relieve los acuerdos y negociaciones secretos, realizados a espaldas de la sacrosantasoberanía popular”.

Lo importante es señalar que es el régimen en su conjunto el que se encuentra en crisis, y que todos los partidos que lo sostienen son incapaces de ofrecer una salida, al mismo tiempo que continúa y se profundiza el deterioro económico, la llamada “desaceleración” con un aumento de los despidos, los recortes y las penurias para los trabajadores. Mientras que la crisis política no se resuelve por arriba, por abajo las respuestas a los cierres y recortes empiezan a tener una expresión organizada: la huelga del metal en Bizkaia, el conflicto de Alcoa en Galicia y Asturias y el de Poligonal en Galicia, son los emergentes que marcan lo que se está cocinando por abajo. Al mismo tiempo, CCOO y UGT que ya le habían dado a Pedro Sánchez un cheque en blanco, piden “un gobierno de izquierdas” y congelan cualquier movimiento de defensa de los puestos de trabajo esperando un acuerdo que no llega. Esta postura es compartida por un amplio sector de la izquierda, paralizada a la espera de un gobierno de “progreso”.

Pero con gobierno de progreso o sin él, la justicia española seguirá siendo la misma. La sala de lo contencioso del Tribunal Supremo en el auto del mes de junio en el que acepta las medidas cautelares de la familia de Francisco Franco para paralizar la exhumación de sus restos se afirma que: “El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”, dándole el estatuto de primera autoridad de la nación mientras las fuerzas facciosas que comandaba combatían a la República con un gobierno surgido de elecciones generales. Con este personal al frente de la magistratura, Vox viene sobrando… Es la misma justicia que tiene visto para sentencia el juicio a los presos del “procés” de Cataluña quienes se han chupado toda la tramitación judicial en condiciones de prisión preventiva, en un procedimiento en el cual la prueba ha sido cocinada por la guardia civil y las fuerzas de seguridad del estado. La agudización de la naturaleza antidemocrática de la justicia, su papel como cortafuego de la protesta social y nacionalista, es también expresión acabada de la crisis de las instituciones políticas burguesas. Esa es la arena en la que se resuelven las cuestiones en las que fracasa la política. La clara tendencia hacia el autoritarismo, el ordeno y mando real perceptible en la crisis catalana, es una tendencia profunda del régimen y una señal de los límites a partir de los cuales la democracia formal se disuelve para dar paso a otras formas de gobierno.

Pero este es un proceso contradictorio, y no lineal, como lo resaltan otros dos elementos fundamentales de la profundización de la crisis política: la derrota fulminante de las derechas y el triunfo del independentismo en Cataluña y el País Vasco, y la elección de dos presos políticos independentistas y el ex presidente de la Generalitat exiliado para el Parlamento Europeo, lo que ha puesto de relieve que el tema catalán y de las Autonomías le ha “echado más sal a la herida”.  Frente a este panorama, el papel de la izquierda revolucionaria es desenmascarar a la izquierda institucional PSOE-Unidas Podemos, y su función de “correa de transmisión” de los intereses de la burguesía. Exigir a las organizaciones sindicales un plan de lucha que convoque una huelga general, contra los despidos, contra las leyes antiobreras, contra la ley mordaza por la libertad de los presos políticos.

Esta política de diferenciación debe estar ligada a la organización política de los trabajadores en forma independiente, en un partido obrero con un programa de combate.

 

Frente a la crisis del régimen, la burla electoral, los despidos y la precariedad laboral, los trabajadores tenemos que poner en la agenda nuestra salida, contrapuesta a la de los partidos capitalistas. La convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana con poder, por el gobierno de los trabajadores, con nuestro pliego de reivindicaciones debe ser la salida a la crisis. El otro frente en el que el marxismo revolucionario se debe diferenciar, es el del independentismo burgués y pequeño burgués que desarma políticamente a los trabajadores. La lucha por la Asamblea Constituyente es el puente para que los revolucionarios defendamos la formación de una Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas como respuesta a la lucha por la autodeterminación de Cataluña, el País Vasco y las otras nacionalidades históricas, conservando la unidad económica en defensa de los intereses de los trabajadores.

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